miércoles, 16 de febrero de 2022

El Gobierno de Aragón, la Hostelería y las organizaciones empresariales estrechan su colaboración para proponer una nueva convocatoria de Ayudas a la Solvencia



Suscriben un documento que se dirigirá al Gobierno de España y a las organizaciones nacionales con sugerencias para conseguir que los fondos lleguen de manera efectiva al tejido empresarial
La propuesta de consenso elimina el requisito de que los solicitantes estén libres de pérdidas en 2019, reduce los umbrales de caída de facturación del 30 al 20% en 2021 y aumenta las prestaciones


El Gobierno de Aragón y los representantes del Turismo y la Hostelería en Aragón refuerzan su colaboración para proponer una nueva convocatoria de las Ayudas a la Solvencia que permita incorporar al tejido empresarial los fondos que quedaron pendientes en 2021. Ambas partes, junto a los responsables de las organizaciones empresariales aragonesas, CEOE y Cepyme, han suscrito un documento de consenso que se remitirá al Gobierno de España y a las organizaciones nacionales de sector de la Hostelería para lograr un apoyo cerrado a una iniciativa que pone el acento en los efectos negativos que la pandemia sigue proyectando en las empresas y los autónomos.

El documento de consenso, que han suscrito las partes además de reclamar la utilización de los fondos sobrantes para el fin que fueron creados, merced al Real Decreto Ley 5/2021, incorpora diversas sugerencias para que las ayudas puedan llegar íntegras a los sectores económicos necesitados de impulso. Así se sugiere que se elimine la necesidad de que los solicitantes no presenten pérdidas en sus cuentas de resultados del año 2019, de la misma manera se reducen los umbrales de caída, se aumentan las cuantías mínimas y máximas a repartir y se varía el método de cálculo de la cuantía máxima.

Sesión de trabajo

Este acuerdo se ha cerrado tras una sesión de trabajo en la que han participado, junto al vicepresidente del Gobierno y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, Arturo Aliaga y al consejero de Hacienda y Administración Pública, Carlos Pérez Anadón, el presidente de Aragón de CEPYME, Aurelio López de Hita; el director general de CEOE-Aragón, Jesús Arnau Usón; el presidente de la Confederación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Aragón y presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Zaragoza-Horeca, Fernando Martín; el presidente de la Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza, José María Marteles; el presidente de la Asociación Provincial de Salas de Fiesta, Baile y Discotecas de Zaragoza, Alberto Campuzano; el presidente de la Asociación Profesional de Empresarios de Hoteles de Zaragoza- Horeca Hoteles, Antonio Presencio Fernández; el presidente de la Asociación de Empresarios de Restaurantes de Zaragoza- Horeca Restaurantes, José María Lasheras Gracia; el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Huesca, Carmelo Bosque. El presidente de la Asociación Provincial Teruel Empresarios Turísticos, Roche Murciano, que no ha estado presente en la sesión de trabajo, también hay apoyado las decisiones adoptadas .

De esta manera, han dado continuidad a las reuniones de trabajo que se han mantenido desde la primera sesión, que se celebró el pasado 28 de diciembre, y en la que ya se puso de manifiesto la sintonía y la unanimidad de criterios en torno a la necesidad de ejecutar la integridad de los fondos de las Ayudas a la Solvencia. Desde ese momento, han profundizado en la necesidad de favorecer las acciones de impulso, cruzando documentación y analizando las dificultades que han podido concurrir en las diferentes convocatorias. “Nos vamos a dirigir a los ministerios de Hacienda, Economía y Turismo, aunque ya he establecido contacto con el secretario de Estado de Turismo, para que nos permitan disponer de nuevos fondos para las ayudas a la solvencia”, expresó el vicepresidente y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, Arturo Aliaga.

En aquel primer encuentro ya fue evidente que, salvo Baleares y Canarias, que habían tenido un tratamiento específico con las Ayudas a la Solvencia, la mayor parte de comunidades se había quedado en torno al 50% de ejecución de los fondos, lo que a juicio del Ejecutivo autonómico es “insatisfactorio” y ha evidenciado dificultades para hacer llegar esta medida de impulso a los afectados. Una evidencia que se ha producido pese a las medidas adoptadas, como en el caso de Aragón, para incluir a todos los sectores como posibles beneficiarios y pese a la agilidad en la gestión de las convocatorias, que se saldaron con el reparto de 66 millones –del total de 141 asignados-- entre 5.345 empresas. “No es un problema específico de Aragón ni que puede solucionar Aragón, pero hemos decidido trabajar en favor de una nueva convocatoria, que se eleve a decisión nacional y sirva a todas las comunidades”, expresó el consejero de Hacienda y Administración Pública, Carlos Pérez Anadón.

Una solución para todos los sectores

La decisión del Gobierno de Aragón, de la Hostelería y de las organizaciones empresariales de unir sus esfuerzos para que se ponga en marcha una tercera convocatoria que encauce el reparto de los fondos pendientes no se orienta solo a los posibles beneficiarios del sector hostelero, sino que se abre a todo el tejido productivo.

De hecho, esta posición ya fue defendida por el presidente Javier Lambán, en una de las últimas conferencias de presidentes y, el propio consejero de Hacienda y Administración Pública, remitió dos cartas en este sentido a las ministras de Economía y de Hacienda, Nadia Calviño y María Jesús Montero, respectivamente.

Nuevas fórmulas de reparto

El RDL 5/21 que regulaba los mecanismos de acceso y reparto de las ayudas ya fue modificado por el Gobierno de España posteriormente con los RDL 6, 17 y 21 de 2021 que reconocían la necesidad de realizar ajustes sobre lo dispuesto para conseguir el adecuado acceso del tejido productivo a las ayudas.

La necesidad de profundizar en los criterios de reparto para responder a las necesidades de las empresas y de los autónomos ha llevado a trabajar desde la participación y el consenso para acordar el documento suscrito hoy, que aporta iniciativas orientadas a facilitar la gestión de los fondos.

Así para dar forma a la nueva convocatoria, que deberá estar resuelta antes de mediados de año, según señalan las partes firmantes, se especifica que los beneficiarios serán los sectores definidos por las Comunidades Autónomas (en el caso de Aragón los Códigos Nacionales de Actividades Económicas –CNAES—se ampliaron de 95 a 491).

Los cambios

El primer gran cambio respecto de los requisitos que han regido hasta ahora en las dos convocatorias celebradas en la Comunidad Autónoma tiene que ver con la caída de las operaciones de cada negocio, que se establecerá en un 20% en el año 2021 respecto de 2019 (posibilitando que los beneficiados en las anteriores convocatorias, que no hayan recuperado los niveles prepandemia, puedan volver a concurrir). Se determinará en función del IVA o tributo equivalente declarado y los adverará la Agencia Tributaria. De esta manera se permite también acceder a los fondos a las firmas que cerraron con pérdidas el año previo a la pandemia.

En este supuesto, la ayuda máxima que se concederá será del 40% del 80% de la caída de las operaciones. No obstante, se propone que las ayudas que se perciban no sean inferiores a 8.000 euros ni superiores a 400.000.
Además, se recomienda una aportación de 6.000 euros para los empresarios o profesionales que apliquen el régimen de estimación objetiva en el IRPF.

El documento de consenso incluye además salidas para diferentes casuísticas, de manera que se aportan fórmulas para calcular las operaciones realizadas a todos los que abrieron las puertas de su negocio en 2019. Y se establece una ayuda de 6.000 euros para los que empezaron a trabajar en 2020.

Por último, se alude a los gastos subvencionables, que serán todos los que se dediquen a la satisfacción de la deuda y el pago a proveedores y otros acreedores, sean financieros o no, así como los costes fijos incurridos que se hayan devengado a lo largo de 2021.
 


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